Bolivia: cómo combatir la violencia sexual contra menores
4 de enero de 2017
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este martes (3.1.2017) que convocaría a un plebiscito para que sus compatriotas decidieran si los casos de violencia sexual contra menores debían ser castigados con presidio perpetuo o no. En este momento, la mayor condena en ese país sudamericano –reservada para asesinos, feminicidas y traidores a la patria– es de treinta años de prisión. "Veremos en su momento cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y a niñas”, dijo el mandatario al enumerar las reformas convenidas en junio de 2016 durante la Cumbre Nacional de Justicia Plural.
"Instaurar la cadena perpetua requiere la modificación de la Constitución. Y el pueblo soberano, con su voto, puede decir cómo enmendarla”, agregó el "hombre fuerte” de La Paz, sembrando suspicacias inmediatamente: Morales llegó al poder en 2006, en enero de 2020 culmina su tercer mandato y la Carta Magna boliviana le impide optar de nuevo por la jefatura del Gobierno; reformar la Constitución es una de las cuatro opciones consideradas por sus partidarios para posibilitar su reelección. De hecho, desde finales del año pasado se comenta que, para propiciar su aprobación, la enmienda en cuestión incluiría beneficios para niños y ancianos.
En nombre de los niños…
"Morales parece seguir el ejemplo de los populismos europeos, que, procurando aferrarse al poder, se inventan referendos sobre cualquier cosa para seducir a las masas. Pero además, lo suyo parece un devaneo arbitrario típico de los autócratas en camino de convertirse en dictadores”, comenta Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. Al respecto acota Lars Berster, especialista en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Colonia: "Aunque el plebiscito que Morales tiene en mente tiene un elemento populista y emocional, no hay nada que oponerle jurídica y éticamente hablando”.
Berster advierte, eso sí, que aún si la mayoría de los bolivianos vota a favor de castigar la violencia sexual contra menores con la cadena perpetua, cabrá preguntarse si esa medida punitiva no es desproporcionada y, en consecuencia, inconstitucional. "No sé qué peso tiene el principio de la proporcionalidad en la Carta Magna boliviana; pero intuyo que puede darse una incongruencia entre el castigo que recibe una persona que ha abusado sexualmente de un niño y el que se le da a un homicida. Desde la perspectiva del Derecho alemán, eso atentaría contra el principio de que nadie debe recibir una pena mayor a la que corresponde a su delito”.
Un problema real y en auge
Está por verse si, aparte de instrumentalizar políticamente el tema de la violencia sexual contra infantes y jóvenes, Morales realmente contribuye a ponerle coto a un problema real y en auge. La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó 182 violaciones de menores de edad durante el primer semestre de 2015, el último periodo sobre el cual hay datos disponibles. Unos meses antes, en septiembre de 2014, la situación de ese país fue discutida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe Ocultos a plena luz, descrito como "la mayor compilación de datos jamás realizada sobre la violencia contra niños”.
Pero Bolivia no era el único Estado latinoamericano de obligada mención: también en Guatemala y República Dominicana, "una considerable proporción de niñas afirmó haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de amigos y conocidos”, se señaló en el estudio de UNICEF. El estigma y la vergüenza asociados con la experiencia de haber sido abusadas sexualmente no sólo intensifica el trauma emocional de las víctimas, sino que dificulta obtener cifras precisas y fiables sobre la prevalencia de la violencia sexual, explica la organización no gubernamental ECPAT, con sede en Tailandia, que lucha contra la industria de la prostitución infantil.
En su informe 2016, ECPAT cita a organizaciones civiles latinoamericanas según las cuales dos millones de niños entre los once y los diecisiete años habían sido explotados por turistas sexuales durante 2013; pero el número real de víctimas es considerablemente mayor. No obstante, ECPAT también sostiene que se están haciendo grandes esfuerzos en la región para procesar legalmente a los autores de esos abusos; en este momento, casi todos los países de América Latina consienten la injerencia de instancias jurisdiccionales extraterritoriales a la hora de perseguir a quienes han agredido o explotado sexualmente a menores.
Evan Romero-Castillo