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“Argentina se fundó sobre un genocidio”

22 de agosto de 2017

La desaparición del activista Santiago Maldonado ha vuelto a poner el foco de atención en la violenta represión contra los mapuches en Argentina. ¿Son legítimas las demandas territoriales de las comunidades indígenas?

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Miembros de una comunidad mapuche en la Patagonia argentina.
Miembros de una comunidad mapuche en la Patagonia argentina. Imagen: Getty Images/AFP/M. Failla

Desde hace tres semanas, el paradero del activista Santiago Maldonado mantiene en vilo a la sociedad argentina. El primero de agosto, el joven de 28 años desapareció tras el desalojo violento de una manifestación de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut. Testigos aseguran que agentes de la Gendarmería Nacional se llevaron a Maldonado a bordo de una camioneta. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

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La creciente represión contra el pueblo mapuche en Argentina ha sido repudiada por académicos, organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos. Investigadores del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires publicaron un comunicado al respecto en el que desmontan el extendido prejuicio de que los mapuches invadieron Argentina desde Chile y exterminaron a los pueblos originarios, como los tehuelches: "Los mapuches no son 'indios chilenos', sino pueblos preexistentes… Vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados… Los tehuelches, por otra parte, no 'se extinguieron'…". Los investigadores sostienen que las demandas territoriales de los mapuches "no son actos terroristas ni amenazas a la seguridad nacional… Son llamados de atención sobre historias silenciadas…".

Adrián Moyano, politólogo y periodista argentino, analizó para DW los reclamos ancestrales del pueblo mapuche.

DW: ¿Cuál es la demanda concreta de los mapuches hoy día en relación a las tierras ancestrales?

Manifestación en Buenos Aires en demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Manifestación en Buenos Aires en demanda de la aparición con vida de Santiago Maldonado.Imagen: Picture-Alliance/dpa/V. R. Caivano

Adrián Moyano: El pueblo mapuche perdió su libertad en el siglo XIX, cuando se constituyeron Chile y Argentina como Estados. La demanda concreta, entonces, es la recuperación de esa libertad perdida, a través de los derechos que reconoce la legislación internacional, es decir, la libre determinación y la autonomía. Si bien esas reivindicaciones son más visibles en la actualidad a raíz de la represión con que reaccionan los gobiernos tanto de Chile como de Argentina, datan de comienzos de los 90, cuando se produjo el surgimiento de un movimiento mapuche autónomo a ambos lados de la cordillera. Desde ya, la demanda tiene un componente territorial. Entre ellos, la entrega de títulos de propiedad comunitaria sobre los territorios que en Argentina ocupan las comunidades desde fines del siglo XIX o principios del XX.

¿Quiénes hacen estos reclamos?

El pueblo mapuche se compone de miles de comunidades, tanto en Chile como en Argentina. Pero desde fines de los 80 y comienzos de los 90, también se tornaron muy visibles organizaciones de carácter urbano que comenzaron a levantar la demanda autonómica. Quienes impulsan esas demandas entonces son las organizaciones más movilizadas y las comunidades que se ven directamente afectadas por la variante extractiva del capitalismo, es decir, las grandes trasnacionales de la mega-minería o el petróleo, además de las empresas turísticas y forestales. En la Argentina, hay grandes latifundistas que también se llevan por delante los derechos mapuches.

¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos de Argentina y de Chile a las demandas del pueblo mapuche?

Durante el anterior gobierno de Argentina, se consideró a los pueblos indígenas como un sector social más a incluir dentro de los planes de asistencia social o incorporación a la economía capitalista. El kirchnerismo no fue capaz de advertir la especificidad de la situación y no fue posible avanzar en las demandas de fondo.

Infografik Karte Südamerika Mapuche SPA

Algunas organizaciones mapuches comenzaron a hablar aquí de la transformación del Estado para transitar hacia uno plurinacional, pero esa reivindicación no se tradujo ni en leyes ni en hechos concretos.
El actual gobierno llegó al poder con el respaldo directo de los sectores que se beneficiaron directamente de la Campaña al Desierto, así que las cosas empeoraron visiblemente.

De hecho, en las últimas semanas se advierte la clara intención del gobierno nacional de atribuirle al pueblo mapuche la condición de enemigo interno, para justificar ante la opinión pública episodios de represión. Yo creo que si algo se puede aprender de la experiencia chilena después de 20 años, es que las reivindicaciones mapuches merecen bastante más que respuestas de índole policial.

¿Cómo reacciona la sociedad argentina a estos reclamos?

En general, con una gran desconocimiento. La mayoría de la sociedad desconoce que la República Argentina se fundó sobre un genocidio, no sólo en desmedro del pueblo mapuche, sino también de otros pueblos indígenas. No sólo aquí -en la actual Patagonia-, sino también en la región del Chaco. Entonces, la mayoría de los argentinos son presa fácil de los estigmas que imprimen los grandes medios de comunicación. Sin embargo, a diferencia de la situación que se daba hace unos 15 años, son cada vez más amplios los sectores solidarios en la sociedad no indígena, que sabe que no tiene que aceptar acríticamente los discursos hegemónicos. Cada vez más gente sobre todo a escala regional -provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro- expresa su simpatía hacia las reivindicaciones mapuches en particular y de los pueblos originarios en general.

¿Se puede decir que la lucha mapuche por las tierras se ha vuelto más violenta? ¿Hay diferentes movimientos, corrientes dentro de los mapuches?

Como todo pueblo, ¡claro que hay diferencias de criterio y expresiones plurales! Que yo sepa, sólo una organización reivindica la violencia política. Ese recurso no se ha generalizado y tiendo a afirmar que no goza de consenso en la mayoría de las comunidades y organizaciones, aunque el repudio a la violencia estatal a la hora de la represión, es más bien unánime.

Autora: Viola Traeder (ERS)