Argentina: la verdadera inflación

En búsqueda de mejores relaciones con el FMI y los inversionistas extranjeros, el Gobierno argentino presentó el jueves pasado (13.02.2014) un nuevo índice de precios al consumidor, que cifró en 3,7 por ciento solo para el mes de enero. Para todo 2013 solo había reconocido un 10,9%, es decir menos de un 1 por ciento mensual en promedio.

Que esas cifras no podían ajustarse mucho a la realidad lo demostraban ya los convenios colectivos con los sindicatos, que han logrado un 24 por ciento de aumento de salarios anual en promedio en los últimos siete años.

En diciembre pasado, la policía de Córdoba logró incluso un 33 por ciento de aumento de sueldos, luego de una huelga de varios días. La ausencia de fuerzas del orden llevó a saqueos y violencia, muriendo dos personas. Las huelgas de policías se expandieron a otras provincias, dejando en total un saldo de por lo menos seis muertos.

Otro indicio de que los índices inflacionarios oficiales quizás no se ajustaran mucho a la realidad eran las tasas calculadas por institutos económicos privados, que cifraban la inflación en hasta un 28 por ciento anual.

Entre cálculos y discusiones

La discusión en torno a la verdadera inflación en la Argentina comenzó hace siete años atrás, cuando el por entonces presidente, Néstor Kirchner, resolvió sacar del puesto al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por calcular una inflación “demasiado alta”.

Desde entonces, la inflación oficial ha sido todos los años menos de la mitad de la calculada por los institutos privados, que incluso llegaron a ser multados por publicar sus cifras. Estas comenzaron a ser dadas a conocer entonces en el Congreso: a los diputados de la oposición mal se los puede multar, ya que gozan de inmunidad parlamentaria.

El debate en torno a la inflación llegó a tales extremos, que en 2008 Argentina se transformó en el primer país del mundo amonestado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por no proporcionar datos económicos precisos y ajustados a la realidad.

Recomponer sus relaciones con el FMI es esencial para la Argentina. Axel Kicillof, el ministro de Economía argentino, viajó el mes pasado a la capital francesa para intentar llegar un acuerdo de reestructuración de deuda con el “Club de París”, 19 países a los que Argentina les debe 6.500 millones de dólares.

El Gobierno devaluó el peso en un 19 por ciento en enero, luego de que las reservas internacionales cayeron un 35 por ciento a 27.000 millones de dólares, el valor más bajo de los últimos siete años, como consecuencia de grandes importaciones de energía, pago de deuda externa e intentos de apuntalar el dólar en el mercado vendiendo moneda estadounidense.

¿Quién se beneficia, quién pierde?

La nueva tasa de inflación beneficia a los tenedores de bonos argentinos cuyo rendimiento está vinculado al dólar. Los bonos argentinos en dólares arrojaron en febrero más de un 8 por ciento de beneficios, el guarismo más alto de todos los países emergentes.

Lo que es bueno para los inversionistas, es malo para las empresas argentinas. Estas evitan las deudas vinculadas al dólar, porque cuanto mayor es la devaluación, más aumenta el pago de intereses en moneda nacional, es decir, necesitan más pesos para poder pagar intereses y devolver el monto prestado.

Otra consecuencia del reconocimiento oficial de una mayor tasa de inflación es un aumento de la tasa de pobreza en al país. Con una tasa de inflación baja, la canasta básica cuesta tan poco, que la tasa de pobreza pude calcularse en un 5 por ciento.

Con la nueva tasa de inflación aumenta también el precio de la canasta familiar, pasando la tasa de pobreza a situarse en hasta un 25 por ciento, como estima una gran parte de los institutos económicos argentinos. El think tank Ethos, de México, estima la pobreza en Argentina incluso en un 28 por ciento. ­­­­

Autor: Pablo Kummetz

Editor: Enrique López Magallón