América Latina muestra el lado oscuro del carbón en la COP25
12 de diciembre de 2019
En América Latina y el Caribe se podrían ahorrar 621.000 millones de dólares anuales si los sectores de energía y transporte alcanzaran la neutralidad de emisiones en 2050, según el informe 'Carbono Cero América Latina y el Caribe 2019' del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas que se presentó el miércoles (11.12.2019) en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP25 en Madrid.
Estos sectores representan alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región. No obstante, según el reporte, con la descarbonización de la matriz energética y la electrificación total del sistema de transporte, la región podría evitar 1.100 millones de toneladas de CO2 en 2050 y 621.000 millones de dólares anuales.
La transición a la descarbonización total en estos sectores creará otros beneficios, como 7,7 millones de nuevos empleos y el ahorro de 30.000 millones de dólares en gastos de salud, gracias a la disminución de la contaminación del aire en las ciudades.
Asimismo, en el marco de la COP25, el país que ostenta la presidencia de este evento, Chile, anunció una "aceleración de su plan de descarbonizacion” con la incorporación de dos nuevas centrales termoeléctricas al plan de cierre, anunciado el pasado mes de junio por el presidente chileno, Sebastián Piñera. De este modo, finalmente serán una decena de centrales las que participarán en esta iniciativa, que pretende descarbonizar totalmente la matriz energética chilena para 2040.
En ese sentido, estas nuevas centrales, situadas en la localidad de Mejillones, cerrarán antes de 2024. Igualmente, en el marco de la cumbre sobre el clima se decidió adelantar de dos a cuatro años el cierre de dos centrales situadas en la zona de Quinteros-Punchuncaví, previstas en el plan inicial.
Acuerdo de descarbonización, en el aire
No obstante, estas acciones son criticadas por la sociedad civil chilena. "El acuerdo es demasiado poco serio, tiene poca substancia”, dijo a DW Florencia Ortúzar, abogada en Chile de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). De esta manera recordó que en el país existen 28 centrales termoeléctricas que generan "impactos gravísimos a los derechos humanos” que se encuentran en manos de cuatro empresas concentradas en cinco áreas conocidas como ‘zonas de sacrificio'.
Asimismo, explicó que, al margen de los cierres anunciados, que se refieren a las instalaciones más antiguas, el resto de centrales no disponen de una fecha. "No hay un cronograma, está en el aire, a merced de lo que digan las próximas autoridades”, criticó. Por este motivo, desde la sociedad civil se demanda que se garanticen de algún modo estos anuncios por escrito. "Creemos que podemos terminar con la descarbonizacion en 2030 sin que eso implique problemas de seguridad energética”, aseguró la jurista chilena, apuntando a un estudio llevado a cabo por la consultoría KAS.
Igualmente, consideró que el cierre posterior a esa fecha "es demasiado para las comunidades que están sufriendo”, apuntando que las personas que habitan en estas zonas no pueden esperar más.
Consecuencias graves en zona de sacrificio Quinteros-Punchuncaví
Una de ellas es Katta Alonso, presidenta y fundadora de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, en la zona de sacrificio de Quinteros-Punchuncaví, que aglutina a unos 50.000 habitantes. Este área está reconocida por el Instituto nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) como "zona de sacrificio" porque sus habitantes están expuestos a los graves impactos de las actividades productivas sobre su salud.
"Vivíamos de la pesca, agricultura, ganadería, turismo… Teníamos una buena calidad de vida”, explicó en el marco de un evento paralelo que se llevó a cabo el miércoles en la COP25. No obstante, "hace 50 años, autorizaron instalarse a las primera empresas”, explicó, apuntando que actualmente hay cerca de una veintena de estas, entre las que se incluyen petroleras, cementeras, refinerías y termoeléctricas de gas y de carbón "peligrosas y contaminantes emitiendo todas al mismo tiempo”.
Este hecho ha provocado la contaminación del suelo, del aire, del agua dulce y del mar, y tiene consecuencias graves para la población, por ejemplo, la aparición de enfermedades como cáncer y bronquitis, así como abortos prematuros, subraya Alonso. Por este motivo, "empezamos a trabajar en el ámbito de los Derechos Humanos, porque nos vulneraban todos los derechos”, advierte.
Así, tras la intoxicación de más de un millar de personas el pasado año, se llevó a cabo una "demanda contra el gobierno y las 19 empresas para demostrar el daño ambiental”, según la activista. Ahora la organización está a la espera de que el Gobierno chileno cumpla la sentencia de la Corte Suprema, e implante 15 medidas, en el plazo de un año, para revertir la situación.
(cp)
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