América Latina, donde ser activista cuesta la vida

Según Global Witness, un total de 207 líderes indígenas, sociales y medioambientalistas fueron asesinados en 22 países en 2017 por intentar proteger sus hogares y comunidades frente al agronegocio, minería y otras industrias. Los datos del informe de "¿A qué precio?", presentado este martes (24.07) apuntan que el 60 por ciento de las muertes se concentra en América Latina, con Brasil a la cabeza que con 57 asesinatos registra la mayor tasa mundial. Asimismo, en México y Perú se han incrementado las muertes, de 3 a 15 y de 2 a 8 respectivamente.

El informe muestra un incremento de asesinatos vinculados con los productos de consumo, como la agricultura a larga escala, la minería y la tala que producen componentes e ingredientes de productos del supermercado como el aceite de palma para jabón, soja para el ganado y madera para muebles. Así, el agronegocio es el culpable de la mayoría de estas muertes y se sitúa, por primera vez, en la actividad económica más mortífera para el colectivo, con 46 asesinatos. De este modo, sobrepasa a  la minería que pasó de 33 a 40, respecto a 2016, mientras que 23 están vinculados con la tala forestal.

Desde que la organización comenzó a registrar los homicidios, en 2002, Brasil ha sido el país más peligroso para defender la tierra o el medio ambiente en la última década, con un promedio de 42 asesinatos por año desde 2012. No obstante, el pasado año fue el peor registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas defensoras asesinadas. "La protección ambiental se está reduciendo en países como Brasil, mientras que los gobiernos están promoviendo mayores inversiones en la agricultura a gran escala. Esto, junto con la ausencia del Estado de derecho en regiones ricas en recursos como el Amazonas, ha significado un aumento de los homicidios relacionados con los agronegocios, explicó a DW Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness.

Y es que el informe vincula 53 de los asesinatos a fuerzas de seguridad gubernamentales y 90 a actores no estatales como bandas criminales. De este modo, el estudio acusa a algunos gobiernos y empresas como cómplices de estas muertes y urge a la movilización para revertir esta tendencia. En el informe se enumeran una serie de recomendaciones a seguir, entre las que se encuentran, "atacar de raíz el problema abordando las causas de la violencia contra los defensores, especialmente la falta de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para el uso de sus tierras y recursos naturales”, subrayó Kyle.

México: Derechos Humanos en crisis

De acuerdo con el reporte "¿A qué precio?", en México 15 defensores medioambientales fueron asesinados en 2017, en comparación con los tres asesinados el año anterior. "México se encuentra sumido en la peor crisis de Derechos Humanos, derivada de la inseguridad y violencia de casi 12 años de combate al narcotráfico”, recordó a DW, Isela Gonzalez, directora de la Alianza Sierra Madre. "Aunado a esto, se han implementado proyectos extractivos en las regiones indígenas que han provocado diversas resistencias”, agregó la líderesa de dicha organización, que ha defendido los derechos indígenas en la Sierra Tarahumara durante los últimos 20 años. 

Casi las tres cuartas partes de las personas asesinadas eran indígenas. "El Estado no ha respetado los derechos colectivos de las comunidades indígenas como el derecho a la autonomía, a la consulta previa, libre e informada, al territorio  y al desarrollo propio lo cual ha derivado en un gran número de conflictos socioambientales en el país y un aumento de la violencia en contra de las comunidades que defienden sus derechos y su territorio”, explicó a DW Alejandra Leyva, abogada del área de derechos humanos de la organización mexicana CEMDA.

Uno de los indígenas asesinados fue Isidro Baldenegro, defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, que había abandonado su comunidad en el norte de México tras recibir amenazas. "Cuando regresó el 15 de enero de 2017, un presunto sicario lo mató de un disparo. La historia se repitió trágicamente: el padre de Isidro también fue brutalmente asesinado 30 años antes por oponerse a la tala”, lamentó Kyte.

"Durante los últimos dos años, han asesinado a otros defensores que continúan la lucha contra la explotación forestal. Las comunidades se enfrentan a intereses económicos y políticos: empresarios madereros, concesiones mineras, caciques, funcionarios gubernamentales corruptos y a la delincuencia organizada con sus grupos de sicarios”, agregó González.

Leyva culpó a la impunidad como factor que impide el acceso a la justicia de las comunidades indígenas y campesinas frente a la violación de sus derechos. Igualmente resaltó la falta de "una reparación integral al daño frente a estas violaciones que impactan gravemente en sus formas de vida y en su patrimonio biocultural. También manda un mensaje a quienes cometen las agresiones en contra de los medioambientalistas: que no hay consecuencias para tal violencia”.

Impunidad, asignatura pendiente

La impunidad también fue causa de las 24 muertes de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en Colombia en 2017. Aunque actualmente, el país latinoamericano se encuentra en una constante pérdida de líderes sociales, anualmente se situa entre los tres peores países para los activistas, según el informe de Global Witness.

Los investigadores apuntan que la situación ha empeorado desde el proceso de paz ya que los miembros de comunidades desplazadas son atacados cuando regresan a sus hogares, mientras que grupos rivales compiten para controlar los  recursos naturales. Así, relatan que el pasado 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, líder afrodescendiente del Chocó, fue asesinado por un nuevo grupo paramilitar debido a su oposición al cultivo de la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad y destruían el bosque.

Ocho años antes, otro líder afrodescendiente del Chocó fue asesinado y el hecho aún no ha sido resuelto. Por este motivo, Global Witness, junto a  Vance Center, analizó los más de cien asesinatos contabilizados entre julio de 2010 y junio de 2016, y la respuesta del Poder Judicial colombiano a cada uno de ellos. “En 102 casos se inició una investigación; pero solo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena”, comentaron asombrados.

Otro informe elaborado por la organización, centrado en Honduras, también apunta a la impunidad, entre otras cosas, como causa del empeoramiento de la situación del país centroamericano. En 2017, cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas. Aunque se ha reducido el número de muertes, en comparación con 2016, con 14 asesinatos - entre ellos el de la defensora Berta Cáceres, la represión de los defensoras de derechos humanos ha empeorado. Y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. Según datos de este reporte especializado, 128 personas fueron asesinadas en Honduras entre 2010 y 2016, una cifra mayor a la presentada en cualquier otro lugar del mundo durante el mismo período.

En busca de medidas efectivas

Para erradicar esta tendencia, se requiere la participación de todos los actores: gobiernos, empresas y sociedad civil. "Es fundamental usar la voz de los consumidores para amplificar la voz de los defensores y aclarar los desafíos que enfrentan. Cuando se echa un vistazo a los sectores que manejan ataques contra defensores, el problema se siente más cerca”, aseguró Kyte.

Desde 2012, México cuenta con un mecanismo de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, "ha tenido una función desgraciadamente limitada pues se ha concentrado más en generar medidas reactivas que generar una política integral de protección que atienda las causas que generan los conflictos socioambientales”, lamentó Leyva. En este sentido, Isela González, quien recibió amenazas de muerte en 2014, aseguró a DW que tal mecanismo no funciona. "No toma en cuenta las condiciones geográficas, sociales y de comunicación, en las que se encuentran los defensores de territorios y recursos naturales”, dijo.

Para suplir este vacío, el pasado mes de marzo se lanzaron un par de iniciativas internacionales: una del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el denominado ‘Acuerdo de Escazú'. La abogada de CEMDA se mostró entusiasmada por esta última medida ya que se establece "la obligación por parte de los Estados de garantizar la protección a las personas y colectivos que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio para que puedan seguir realizando su labor”. Sin embargo, la directora de la Alianza Sierra Madre se mostró escéptica sobre su aplicación ya que el país "no cumple con otros tratados internacionales de los que México es parte”. 

Para el jefe de campañas de Global Witness, "ambas iniciativas deben ser bienvenidas como un paso en la dirección correcta; pero en última instancia sin acciones de los gobiernos y las empresas, los homicidios no se reducirán”. Por ello instó a los gobiernos a "garantizar la rendición de cuentas para que los responsables de los ataques contra los defensores sean llevados ante la justicia, para que haya consecuencias para aquellos que no protegen a los activistas y para las empresas que no realizan la debida diligencia adecuada en sus cadenas de suministro”.

Autora: Judit Alonso (CT)

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