AMLO y el combate al robo de combustible

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha convertido en el blanco del descontento popular, debido al desabastecimiento de gasolina que ha provocado el cierre de los ductos para detener el robo de combustible. #NoHayGasolina, #NoMásHuachicoleo y #DesabastoDeCombustible, fueron las principales tendencias en twitter en el país. El problema se extiende a unas seis entidades del país y afecta también a la Ciudad de México, en algunos estados las estaciones han sido cerradas.

"Siempre ha habido mucha molestia con los gasolinazos (aumentos de precios), ahora es el desabastecimiento. La situación es bastante desagradable. En una de sus primeras acciones el Gobierno genera así una situación poco favorable para la situación económica y la gente”, dice el politólogo Günther Maihold, subdirector del Instituto alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad (SWP).

Para el experto mexicano en seguridad, Alejandro Hope, "este es un desabasto inducido para frenar el robo de combustible. De hecho reabrieron el ducto de Salamanca -León, (Guanajuato, donde se encuentra un importante nudo industrial) y lo volvieron a cerrar porque se dieron cuenta de que había ordeña de nuevo”.

Este martes 8 de enero, López Obrador dijo que fue descubierta una toma clandestina de 3 kilómetros de largo en dicha entidad.  Según Obrador, su plan evitó el robo de 8,540 pipas de gasolina, de un valor equivalente a 2.500 millones de pesos (unos 130 millones de dólares). 

Huachicoleo, un problema creciente

El robo de combustible, conocido en México como "huachicoleo” es un fenómeno que saltó a la opinión pública durante el sexenio de Vicente Fox 2000- 2006 (Partido Acción Nacional, PAN), pero estalló durante la gestión de Enrique Peña Nieto 2012- 2018 (Partido Revolucionario Institucional, PRI), con fuertes  enfrentamientos entre militares y bandas dedicadas al robo y venta de combustible en el estado de Puebla. Allí, la paraestatal Pemex detectó unas 15 tomas clandestinas en el año 2000, seis años después ya eran más de 1.500, un récord que explica el surgimiento de bandas criminales protegidas por comunidades enteras. 

"Se tiene que atacar el problema social que hay detrás porque muchas comunidades viven del huachicol. El problema es que el presidente dio un manotazo sin medir bien las consecuencias. El gobierno está ahora atrapado por su propia solución. Si abres los ductos reinicia la ordeña, si los mantienes cerrados se agudiza el problema de desabasto", advierte Hope.

Compras de pánico y desabasto generalizado

El experto destaca que es necesaria una gran estrategia de largo plazo que tenga como corazón atacar las redes de comercialización. "Hay que ver dónde se está vendiendo el huachicol e ir desmantelando esas redes. Un proceso largo que requiere trabajo de inteligencia, fortalecer la vigilancia sobre la red de ductos, asegurar tramos, poner barreras y controles administrativos más rigurosos en las refinerías y en las terminales de abastecimiento", señala el experto.

Durante la presentación del plan de su gobierno para combatir el robo de combustible el 27 de diciembre pasado, López Obrador estimó el desangre de la paraestatal Pemex en más de 60.000 millones de pesos en 2018. AMLO anunció el despliegue de 4.000 elementos del Ejército y de la Marina para resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, así como 12 estaciones de rebombeo y control de ductos. Entre las medidas figura también la intervención en Pemex, en donde según funcionarios de la paraestatal, ha sido cesado personal asociado con las redes de robo de combustible.

Mayor transparencia en Pemex

Maihold destaca que es necesaria una mayor transparencia en la gestión de Pemex. "Eso implica también el manejo del sindicato que siempre ha sido como una empresa dentro de la empresa, con propias prestaciones y sub-empresas, una situación que genera muchas pérdidas".

El experto añade que no será posible resguardar todos los ductos petroleros con el Ejército, pues son muy extensos. "Es necesario articular la seguridad de los ductos en coordinación con las autoridades locales, tiene que establecerse una cooperación a nivel territorial con las policías estatales y municipales, y encontrar soluciones que impidan una connivencia entre autoridades locales y el negocio de tomas ilícitas. Sólo así será posible reducir el impacto y las pérdidas que son parte del crimen organizado, que aunque no produce muertos en la calle, sí afecta la economía del país".

Maihold considera que el plan de rescate de Pemex debería contemplar una política de transparencia y de modernización de la producción y de la gestión empresarial de la institución. Y también podría ser la base para el desarrollo de una nueva matriz energética del país que desarrolle la energía eólica y energías alternativas. Esto podría generar ingresos alternativos y desarrollo económico en esas localidades alejadas que viven actualmente de tomas ilegales.

(jov)