Amenaza a Patrimonio Natural y pueblos indígenas en Perú
12 de febrero de 2013
Liderado por el gigante petrolero argentino Pluspetrol – con la participación de la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil – el consorcio internacional a cargo del yacimiento Camisea, la mayor reserva de gas natural del Perú, tiene en la mira las reservas de gas natural que alberga el subsuelo del Parque Nacional del Manú. Así lo indica un informe filtrado esta semana al diario británico The Guardian.
El Parque Nacional del Manú, ubicado entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios, es considerado Área Natural Protegida por Perú desde 1973. Además, fue catalogado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad, desde 1977 y 1987 respectivamente.
Ya la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) – la mayor federación indígena del país – anunció en diciembre que demandaría al Estado peruano y a la empresa responsable por la ampliación de las operaciones dentro del llamado “lote 88”. El 75 por ciento de este lote, trazado desde 2000 y en explotación desde 2004, se extiende al interior de una reserva natural, hábitat de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario.
Ahora, adicionalmente, el filtrado informe de Quartz Services S.A., una empresa peruana que ofrece estudios y asesoría geotécnica, “prueba que las empresas petroleras están interesadas en explotar gas fuera del lote 88, en el llamado lote Fitzcarraldo”, explicó a DW Rebecca Spooner, investigadora de Survival International, una organización defensora de los derechos de pueblos indígenas tribales en todo el mundo.
De acuerdo al derecho peruano: “ilegal”
Este segundo lote se adentraría aún más en la reserva natural, atravesándola por completo y alcanzando además al Parque Nacional del Manú. “Fitzcarraldo no figura como un lote. A nivel nacional nos dicen que no hay autorización para explotarlo, pero tenemos bastantes aliados que nos informan que sí se va a dar”, confirmó Lina Palomino Santos, asesora legal de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), a DW. También Survival International ha pedido reiteradamente información sobre el lote al Gobierno de Perú y a las empresas implicadas. Y siempre han recibido la misma respuesta, asegura Spooner: “dicen que no existen planes concretos de exploración”.
Un Decreto Supremo aprobado en 2003, bajo presión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), declaró esta amplia zona como "Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros". Con esa condición, el BID concedió a Perú un préstamo de más de 75 millones de dólares para el financiamiento de Camisea.
La tierra de las reservas naturales es del Estado, aclara Spooner. “Y el Gobierno tiene todo el derecho sobre el subsuelo”, reconoce . Pero con el decreto de 2003, el propio Estado peruano reconoció a estos pueblos “el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras” que ocupan, así como “su derecho al aprovechamiento con fines de subsistencia de los recursos naturales” allí existentes, insiste Spooner. Y, lo más importante, según se lee en el texto legal: quedó prohibido “el establecimiento de otros asentamientos humanos”, así como “el desarrollo de actividades económicas” y “el otorgamiento de nuevos derechos” para el aprovechamiento de recursos naturales.
Si no hay presión internacional...
Perú trabaja en la implementación de una nueva ley que exige la consulta previa de los pueblos indígenas sobre los planes de desarrollo que afectan su hábitat, con base en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Pero no hay modo de consultar a los indígenas que viven en “aislamiento voluntario” si no es violentando esa situación, aceptada por la legislación peruana.
Para Survival International, esto significa que todo nuevo proyecto dentro de la Reserva Nahua-Nanti es ilegal, tanto de acuerdo con la normativa internacional como con la legislación peruana. “Pluspetrol sabe perfectamente que sus planes de exploración son ilegales. También sabrán que el allanamiento de las tierras indígenas lleva la muerte y la enfermedad a sus habitantes no contactados. Si se permite que el proyecto siga adelante, Pluspetrol podría ser responsable de la destrucción de pueblos enteros“, advirtió Stephen Corry, director de Survival International, en un comunicado.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha exigido al actual gobierno de Ollanta Humala respetar lo pactado con el BID y afincado en el Decreto Supremo de 2003 y “adecuar sus promesas electorales a la protección de la humanidad y del planeta”. En este marco, la máxima representación de unas casi 70 organizaciones indígenas regionales, incluida FENAMAD, cita un precedente traumático: alrededor del 60 por ciento de los pueblos aislados Nahua perecieron como consecuencia de una serie de epidemias diarreicas y neumonías, poco después del ingreso de la transnacional Shell a la zona en 1984.
“Pluspetrol asegura que no tienen planes de exploración en esa zona, pero sabemos que pidieron autorización al Servicio Natural de Áreas Protegidas (SERNANP) por el Estado”, afirma la investigadora de Survival International, Rebecca Spooner. Hasta el momento, SERNANP les ha negado la autorización, pero “si no hay presión internacional, al final, no nos harán caso”, insiste la asesora legal de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, Lina Palomino Santos.
“Si la empresa explota la zona, se podría llevar el caso ante cortes internacionales, pero esperamos que no sea necesario, que se pueda conseguir algo con presión internacional y cobertura mediática”, dice Spooner, de Survival International. Tras una campaña de esta organización, en colaboración con FENAMAD, en la década de 1990, la petrolera Mobil se retiró de un área habitada por los Yora, un pueblo indígena aislado en el sureste de Perú. Pluspetrol, por ahora, se negó hacer comentarios al periodista que filtró el informe de Quartz a The Guardian y no ha hecho pública otra postura.
Autora: Rosa Muñoz Lima
Editor: Claudia Herrera Pahl