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Airbnb limitará alquileres para luchar contra el fraude

28 de febrero de 2017

Airbnb propone al Ayuntamiento de París fijar un límite automático de 120 días al año de alquileres para los propietarios de viviendas en la ciudad que utilizan su plataforma como una forma de luchar contra el fraude.

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Imagen: Imago/STPP

Para poder superar ese límite, los 50.000 propietarios que usan sus servicios en París tendrían que declarar que son profesionales inmobiliarios o que tienen una autorización especial para explotar la vivienda, indicó este martes (28.02.2017) el responsable de Airbnb Francia, Emmanuel Marill, en una entrevista publicada hoy por "Le Parisien".

Esta iniciativa responde al pulso que mantiene la plataforma de alquileres en línea con el Ayuntamiento parisino, que le acusa de haber generado una retirada de hasta 20.000 pisos del mercado de alquiler residencial, que se han convertido en alojamientos turísticos, más lucrativos.

Marill señaló que su plan pretende que el municipio pueda ser más selectivo en sus controles, dado que solo hay 25 funcionarios encargados de esas tareas, y sugirió que para conseguirlo podrían transmitirles los contactos de los que alquilen más de 120 noches al año.

En cualquier caso, insistió en que pese a las exageraciones, la media en París es de 23 pernoctaciones anuales por vivienda.

El responsable de Airbnb subrayó que su empresa ya colabora con el Ayuntamiento desde que en 2015 se puso a recaudar una tasa turística, algo que se va a generalizar a todos los municipios de Francia.

La puesta en marcha de este nuevo dispositivo en la capital se podría hacer en unos tres meses en caso de acuerdo con el Ayuntamiento, con el que discute desde hace semanas.

El concejal responsable de Vivienda, Ian Brossat, reconoció que la propuesta de Airbnb es "una evolución positiva", pero se mostró cauto sobre sus efectos.

Para afrontar la escalada de precios del alquiler y controlar el fraude de propietarios que alquilan sus viviendas sin autorización, Brossat confía más en un decreto que en abril permitirá a los ayuntamientos exigir a los clientes de ese tipo de plataformas un número de registro. (efe)